Conclusión. ✓

El primero en abolir el uso de la tortura o aplicación de tormentos para extraer confesiones fue el tribunal de la Inquisición española. Puesto que al fin entendieron que ese método resultaba ser poco o nada eficaz para obtener verdades de la víctima, puesto que esta podía admitir cualquier delito, independientemente de que lo haya cometido o no, con tal de ya no ser torturada.

Además, cabe resaltar que los procesos inquisitoriales resultaban ser muy tardados e incluso llegaban a ser aburridos puesto que los imputados podían llegar a pasar incluso años recluidos en las cárceles secretas esperando el próximo interrogatorio

A principios del siglo XVIII, la acción inquisitorial empezó a menguar y el número de denuncias se sustrajo considerablemente en paralelo a los siglos anteriores, sin contar que los autos de fe dejaron de ser públicos.

Al final de cuentas con la constitución de 1812, las Cortes llegaron a un acuerdo que marcaría el futuro de la Inquisición en la Nueva España. La gran mayoría votaron, después de prolongadas y violentas discusiones, que la Inquisición era incompatible con la Nueva Constitución liberal.

Es en 1813 que las Cortes de Cádiz deciden abolir el Santo Oficio en toda la monarquía española y se anunció en las parroquias durante tres domingos consecutivos la clausura de la Inquisición. La ley fue apoyada y firmada por el virrey Félix María Calleja, el decreto explícitamente indica el cese de toda actividad de parte la Inquisición.

Por último, cabe señalar que, el Santo Oficio, gozó de un limitado y corto resurgimiento, pues cuando la constitución de 1812 quedó nula, pretendió recobrar el poder que alguna vez tuvo, por lo que no fue hasta en 1820 que la Inquisición del Santo Oficio quedó completamente expulsado del poder.

Si analizamos esta institución desde el punto de vista histórico y desde la postura del derecho, podremos ver reflejados gran cantidad de situaciones significativas para comprender nuestro pasado e identificar los logros que hemos tenido como humanidad, desde los derechos y garantías individuales hasta los derechos sociales.