CAPÍTULO IV

Los grupos indígenas han sido históricamente excluidos, discriminados e ignorados. Los movimientos indígenas y los sucesos penosos en el  pasado  como el de Bagua, han planteado el reconocimiento, la vigencia y  el privilegio de un derecho propio que regule la vida social indígena. Este reclamo es de manera evidente, un medio para oponerse al orden jurídico actual  que no reconoce la diversidad y que penaliza las prácticas que la constituyen. Se  fundamenta la idea de que el derecho y el diálogo son las piezas clave, como estrategia del Estado para  resolver los conflictos que surjan en las comunidades nativas.

Entonces,  la reivindicación  y  el reconocimiento que buscamos para las comunidades indígenas y nativas, se manifiestan mediante diversos mecanismos jurídicos que permiten avalar los derechos pertenecientes a sus individuos. En este acápite, se abordarán los diversos mecanismos que  intercedieron para acabar con el conflicto del Baguazo y que servirán de respaldo ante cualquier situación  de disparidad en el futuro, protegiendo y garantizando los derechos indígenas. 

4.1. Defensa de los derechos indígenas en la amazonía

Los sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la provincia de Bagua  tuvo como resultado a uno de los conflictos socioambientales más graves de las últimas décadas en Perú, que cobró la vida de 33 personas, dejó cientos de personas heridas y graves violaciones de los derechos humanos. Estos trágicos hechos demostraron los problemas que durante mucho tiempo se habían ignorado en la región amazónica y su lucha por defender sus territorios.

Frente a los diferentes atropellos que han sufrido los pueblos de la región amazónica, estos se vieron obligados a defender sus territorios. De esta manera, podemos reconocer algunas de las fases más importantes por las cuales han transitado el movimiento indígena en el reconocimiento de sus derechos, a través de las últimas décadas. Desde la conformación de las primeras organizaciones hasta la actualidad.

         Es precisamente, hacia mediados de la década de 1960, que los indígenas amazónicos comienzan a organizarse de una manera diferente para poder defender sus territorios y sus formas de vida. Así surgen las primeras organizaciones indígenas, muchas de las cuales siguen vigentes en la actualidad. Los indígenas amazónicos insistieron en reivindicar su identidad étnica. No se trataba solamente de la propiedad sobre sus tierras, sino que buscaban defender sus propios valores y cultura, sus idiomas, su forma de ver el mundo, y por supuesto, también sus territorios que incluye los bosques, cochas, y otros recursos (Espinoza. O, 2009).

Cabe manifestar,  ante los diferentes abusos cometidos a las comunidades amazónicas, estas no encontraron mejor salida que su organización para enfrentar las dificultades que les imponía el Estado y la empresas y así, ser incorporadas a la sociedad y poder ser reconocidas por su diversidad cultural.La primera organización que indigena que se conoce de la Amazonía peruana fue el Consejo Amuesha, creado en 1969. Y desde entonces se han seguido formando decenas de asociaciones en diferentes  partes de la región. Sobre ello, destacado antropólogo, menciona lo siguiente:

Hacia fines de la década de 1970 los líderes indígenas conformaron una instancia de representación a nivel nacional. Así surgió AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana). El proceso de creación de AIDESEP duró varios años, hasta que finalmente se inscribió formalmente en registros públicos el año 1981. Desde entonces, AIDESEP constituye la más representativa y legítima organización indígena en la Amazonía peruana. Su rol principal es el de canalizar estas demandas para promover el diálogo con las máximas autoridades del Estado.(Espinoza. O, 2009).

De la cita, se deduce que para constituir la formación de una asociación interétnica nacional se requirió de un proceso largo, pero al final se logró su conformación y sus objetivos se mantienen claros, defender sus tierras ante irregularidades de la explotación minera y petrolera por parte de las empresas privadas y el Estado. 

En 1989, varias organizaciones indígenas peruanas y ONG iniciaron un proceso de difusión del Convenio 169 de la OIT, que acababa de ser aprobado, en busca de conseguir el respaldo de la sociedad civil para que sea ratificado por el Estado peruano. Este convenio se basa en los principios de respeto de la cultura, la religión, la organización y la identidad de los pueblos indígenas. Su finalidad es asegurar el bienestar de los pueblos indígenas y garantizar su desarrollo. 

En la actualidad, las políticas aplicadas por el Estado peruano en pro del desarrollo económico son muy cuestionadas, porque tiende a priorizar los intereses privados por encima de los derechos de las comunidades indígenas. Por ello es sumamente importante el rol de estas organizaciones representativas, así como también la Defensoría del Pueblo en su papel regulador, para evitar futuros conflictos y daños irreparables.  

4.2. Ley de la consulta previa

Se conoce que, lamentablemente, en el 2009, aún no se había implementado a cabalidad en el Perú el Convenio 169 de la OIT, por lo que, en el Baguazo, aún no existía la Ley de Consulta Previa. De este modo, avivado por el desinterés del Estado para escuchar las protestas de las comunidades nativas involucradas, ocurrieron los actos violentos el cinco de junio de 2009. 

Así, es importante mencionar el rol fundamental del Estado para evitar la etapa violenta de los conflictos sociales. Luque (2011) explica que el inicio de la violencia y la eficiencia estatal están relacionados en la medida cómo este atiende las demandas sociales, y cómo contribuye a las sensaciones de menosprecio de los actores sociales. Esto significa que los actores responden de esta manera debido porque ven la violencia como su único método para alcanzar sus objetivos y ser tomados en cuenta, creando más vulneración de derechos. De tal modo, hay que tener en cuenta que la mayoría de conflictos no son resueltos de manera óptima.