CAPÍTULO 6: LA JUSTICIA DE LOS MUERTOS

CAPÍTULO 6: LA JUSTICIA DE LOS MUERTOS

La Rochela, Boyacá, enero de 1989

I. EL INVESTIGADOR

Mi nombre es Gabriel Moreno y he llegado a este pueblo perdido en las montañas de Boyacá cuatro años después de la masacre, cuando las heridas ya han cicatrizado en falso y el silencio se ha vuelto una segunda naturaleza entre los habitantes. Soy funcionario de la Procuraduría General de la Nación, y mi misión oficial es "evaluar las irregularidades en el proceso investigativo del caso de La Rochela". Mi misión real es encontrar la verdad que otros han enterrado bajo capas de mentiras oficiales y amenazas susurradas.

He venido porque alguien en Bogotá, alguien cuyo nombre no puedo mencionar pero cuyas investigaciones sobre La Red del Silencio han removido los cimientos del poder, me contactó con información que sugiere que lo ocurrido aquí el 18 de enero de 1989 no fue un ataque guerrillero común. Fue algo mucho más siniestro: una operación de exterminio dirigida específicamente contra magistrados que estaban investigando conexiones entre narcotráfico y paramilitarismo.

La Rochela es un pueblo que parece suspendido en el tiempo, con sus casas de adobe y tejas rojas descendiendo por la ladera de una montaña que se pierde entre nubes bajas. Hay algo melancólico en el aire, como si la propia atmósfera hubiera absorbido el dolor de lo que ocurrió aquí. Los habitantes me miran con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que reservan para los forasteros, especialmente para aquellos que llegan haciendo preguntas sobre cosas que prefieren olvidar.

Me alojo en la única posada del pueblo, regentada por una mujer mayor llamada doña Carmen, quien me recibe con cortesía fría cuando le explico que soy un funcionario del gobierno. Su expresión cambia cuando menciono que estoy investigando lo que pasó con los magistrados.

—Señor Moreno —me dice mientras me muestra la habitación—, aquí ya vino mucha gente a investigar. Militares, policías, fiscales. Todos llegan prometiendo justicia y todos se van sin haber hecho nada. ¿Por qué habría de ser usted diferente?

Es una pregunta que no sé cómo responder, porque yo mismo no estoy seguro de que vaya a ser diferente. Pero hay algo en la manera como me mira, una esperanza cansada pero persistente, que me hace prometer que al menos voy a intentarlo.

II. EL SOBREVIVIENTE

Mi nombre es Carlos Hernández Valero, y soy el único magistrado que sobrevivió a la masacre de La Rochela. Durante cuatro años he vivido con el peso de esa supervivencia, preguntándome constantemente por qué yo viví mientras mis colegas murieron. He desarrollado una rutina de supervivencia: trabajo desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde en la Fiscalía de Tunja, regreso a mi apartamento, ceno algo ligero, leo durante una hora, y me acuesto temprano. Los fines de semana visito a mi hermana en Chiquinquirá. Es una vida pequeña, controlada, diseñada para no llamar la atención de nadie.

Pero esta mañana ha llegado este investigador de la Procuraduría, Gabriel Moreno, y me ha pedido que le cuente lo que realmente pasó ese día. Ha usado una frase específica que me ha paralizado: "Tengo información sobre La Red del Silencio, y creo que ustedes estaban investigando la misma organización".

La Red del Silencio. Solo tres personas conocían ese término antes de la masacre: mis colegas muertos y yo. ¿Cómo es posible que este hombre lo conozca?

Durante cuatro años he mantenido mi silencio porque sabía que hablar significaría firmar mi sentencia de muerte. Pero tal vez ha llegado el momento de que los muertos tengan voz a través de mí.

Le cuento a Moreno lo que nunca le he contado a nadie: que los quince magistrados que fuimos a La Rochela ese enero no íbamos simplemente a investigar casos rutinarios de violencia rural. Íbamos a recopilar testimonios sobre una red criminal que conectaba narcotraficantes del Magdalena Medio con paramilitares financiados por terratenientes locales y protegidos por sectores corruptos del Ejército.

—Habíamos identificado un patrón, señor Moreno —le explico mientras caminamos por las calles empedradas del pueblo—. Cada vez que un magistrado se acercaba demasiado a ciertas investigaciones sobre lavado de dinero o financiación paramilitar, era amenazado, trasladado, o simplemente desaparecía. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en coordinación, compartiendo información que individualmente parecía irrelevante pero que en conjunto revelaba una estructura criminal sofisticada.

Le muestro el lugar exacto donde ocurrió la emboscada: una curva en la carretera que desciende hacia el río, rodeada de vegetación densa que proporcionó cobertura perfecta a los atacantes. El paisaje es hermoso, casi pastoral, pero para mí está contaminado para siempre con el recuerdo de mis colegas muriendo bajo ráfagas de metralleta.

—Los atacantes conocían nuestro itinerario exacto —continúo—. Sabían que íbamos desarmados, cuántos éramos, incluso en qué vehículos viajábamos. Esa no era información que pudiera obtener cualquier grupo guerrillero. Alguien desde adentro les dio todos los detalles.

Moreno toma notas meticulosamente, pero veo en sus ojos que está conectando lo que le cuento con información que ya tenía.

—Carlos, durante estos cuatro años, ¿nadie más ha intentado contactarte para continuar esas investigaciones?