Capítulo 32

La mañana en que llegaron las primeras detenciones fue un amanecer atravesado por flashes. Las cámaras bordeaban la comisaría de la que salían dos hombres con manos esposadas; más atrás, un operativo distinto llevó a un par de exagentes, encapuchados por la vergüenza y por la prevención legal, a una camioneta de la fuerza. Los nombres que René había pronunciado la noche anterior aparecían ya en la televisión: Germán Varela, Alejandro Méndez, Rubén Cárdenas. A su alrededor, los titulares no hacían sino ampliarlos en una retórica de culpabilidad inmediata.

El país, que no perdía detalle, transformó el suceso policial en un espectáculo. Los programas matutinos encendieron debates de pundits y panelistas que variaban entre indignación visceral y especulación política. Los noticieros de la tarde intercambiaban exclusivas sobre transferencias encontradas, pruebas en discos rígidos y la posible cadena de comandas que, según la fiscalía, partía de la familia Gálvez y sus asesores más cercanos. Las redes sociales, voraces, trituraban cada versión en memes, análisis y linchamientos digitales.

Orlando y Romina, con la frialdad calculada de quienes conocen el precio de la imagen pública, intentaron reaccionar con una línea doble: negar el conocimiento y exigir que la justicia “actúe con la mayor celeridad”. Orlando, senador por una fuerza que hasta entonces resistía el desgaste, hizo una declaración protocolar desde su despacho: —No tuve ninguna participación en actividades ilegales. En mi gestión hay transparencia y colaboración con las autoridades— Romina, portavoz del movimiento familiar en la esfera partidaria, utilizó un discurso menos remiso: No nos vamos a poner a salvo a través del silencio. La familia Gálvez coopera con la investigación. Confío en que la verdad emergerá.

Pero la prensa no perdona la retórica. Las transferencias encontradas en cuentas asociadas a campañas paralelas habían sido publicadas por un medio local la noche anterior; correspondían a pagos etiquetados como “servicios de imagen” o “consultoría”, algunos con destinatarios que ahora estaban detenidos. Las imágenes de las órdenes de pago, los comprobantes y los correos electrónicos no necesitaban traducción: en el imaginario colectivo parecían hablar por sí mismos.

En la audiencia preliminar, el tribunal instalado en la sala más grande del Palacio de Justicia fue un hervidero. Afuera, una protesta silenciosa mantenía la consigna: "Justicia por Mauricio". Adentro, los banquillos estaban repletos: fiscales, defensores, los detenidos flanqueados por custodios, periodistas con grabadoras y cámaras, y —en un lugar apartado— la familia Gálvez, cuyos rostros reflejaban una mezcla que no supo si era sorpresa, miedo o cálculo.

La fiscal a cargo, una mujer de mirada firme llamada Carla Sanz, abrió la jornada con un discurso que era a la vez técnico y performativo. Habló de indicios, de peritajes en curso, de la necesidad de preservar pruebas y de la existencia de una cadena de pagos que correlacionaba transferencias con operativos concretos. No pronunció todavía la palabra homicidio en términos de imputación directa —esa figura dependería de pruebas adicionales— pero sí habló de "encubrimiento agravado, destrucción de pruebas y complicidad en actos que tuvieron consecuencias trágicas."

La primera prueba testimonial que volteó la sala vino de un exagente llamado Javier M., uno de los detenidos, convocado a declarar como imputado y, en el procedimiento clave, como arrepentido. Javier se sentó frente al tribunal con la camisa marcada por la tensión. Su voz, cuando empezó, fue rasposa.

—Entré en la casa porque me pagaron para "asegurar" documentos —dijo, sin adornos—. Me dieron una lista. Tenía que buscar discos, carpetas... me dijeron que había que "limpiar". Vi a Danilo. Estaba ahí. No tuve intención de que esto terminara como terminó. No sé cómo se fue de las manos, pero la gente que vino esa noche no vino solo a buscar papeles.

El silencio fue como un cajón que se cerraba. La defensa intentó descalificarlo, apuntando a sus antecedentes, a su vinculación con empresas de seguridad privadas que habían sido contratadas por terceros. Pero la fiscalía presentó, junto al testimonio, mensajes de texto que Javier había intercambiado con uno de los intermediarios: horarios, ubicaciones y promesas de pago. Hicieron público un audio —obtenido a través de la colaboración judicial de René— donde se escuchaba a un interlocutor decir: "La idea es que no quede nada que pueda prender fuego al apellido." No había nombres explícitos, pero la correlación con transferencias y con las bitácoras del servidor hacía el resto.

En la sala, Danilo estaba pálido. Su abogado interrumpía con preguntas procesales; Danilo respondió a la prensa con una declaración que intentaba mezclar incredulidad y desafío: "No he ordenado nada. Soy jefe de seguridad y mi trabajo siempre fue proteger. Si alguien abusó de eso, la ley debe decirlo." Su voz no logró, sin embargo, apagar el impacto del testimonio de Javier.

La fiscalía, en su despliegue, no solo articuló la cadena operativa, sino que hizo foco en quiénes habían dimensionado la “solución”: Amanda y Helenina. Amanda y Helenina, , fueron formalmente acusadas de dirigir la campaña de encubrimiento. Las pruebas que presentó la fiscalía incluían correos electrónicos, mensajes de voz y, sobre todo, una secuencia de transferencias que partían de cuentas vinculadas a la familia hacia buzones del entramado de fondos que más tarde se usaron para pagar a los intermediarios.

Cuando Amanda fue conducida ante el tribunal, su semblante era el de quien no entiende cómo falló un plan que ella misma diseñó. En su declaración, técnica y controlada, ella negó la intención de destruir pruebas: "Jamás pensé que se recurriría a violencia", dijo. Helenina, en tanto, negó haber coordinado pagos ilícitos y sostuvo que las transferencias correspondían a servicios de consultoría legítimos. Sus palabras encontraron, sin embargo, el obstáculo de los recibos marcados con números de teléfono y alias que correspondían a las personas ya detenidas.