Capítulo 77

El teléfono de Daniela vibró en el bolsillo interior del abrigo, la pantalla mostró una alerta del medio independiente: "Comisión de Contratación abre expediente formal de revisión — adjudicaciones Menorca 2015-2017." Debajo, una segunda línea: "La Fiscalía solicita recusación de la presidenta de la Comisión, Dolores García-Castellanos."

Tres kilómetros al sur, en el tercer piso del Ayuntamiento de Madrid, el reloj de pared marcaba las siete y veinticuatro de la tarde. Manuel Aguirre no se había movido de la silla giratoria en cuarenta minutos. El abrigo azul marino seguía abrochado hasta el cuello, la carpeta de piel negra abierta sobre la mesa, y las páginas del expediente de la Comisión de Contratación esparcidas.

Aguirre tenía las manos extendidas sobre la mesa, los dedos separados, las yemas manchadas de crema de cuero para zapatos. Se las había frotado sin pensar mientras leía el expediente tres veces. La primera lectura había sido rápida, profesional, midiendo el alcance. La segunda, más lenta, subrayando nombres con la uña del índice. La tercera se había detenido en un párrafo del segundo folio, donde la Fiscalía solicitaba formalmente la recusación de Dolores García-Castellanos como presidenta de la Comisión.

Las iniciales D.G.C. aparecían tres veces en la lista de pagos que Marta Díaz había creado en los servidores del ayuntamiento el catorce de marzo de dos mil diecisiete. Tres transferencias desde una cuenta de Chen Holdings Asia a una sociedad patrimonial registrada en Panamá, coincidiendo con las fechas de aprobación de las modificaciones estructurales del polideportivo. Dolores García-Castellanos había justificado el sobrecoste como "ajustes por inflación estructural" en el informe de adjudicación. Ahora, la Fiscalía había encontrado esas mismas iniciales.

Aguirre descolgó el teléfono fijo. Marcó un número de Liechtenstein que sabía de memoria. Nadie contestó. Colgó, marcó otro número, este de Panamá. La línea dio señal de ocupado, un pitido cortante que rebotó en el cristal frío de la ventana. Volvió a colgar. Se levantó, fue hasta el ventanal. La ciudad se extendía en luces amarillentas y puntos rojos de tráfico bajo un cielo sin azul. Apoyó la frente contra el cristal. El frío del vidrio le presionó las sienes.

El mecanismo de desacreditación que siempre había funcionado, identificar la fuente, presionar al medio, retirar el artículo, destruir la prueba, no podía operar contra cinco objetivos a la vez. Chen Holdings había emitido un comunicado desmintiendo a Daniela, pero solo a Daniela, porque era la única firma pública. No sabían quién más tenía copias. No sabían dónde estaban. No sabían cuántas eran.

Aguirre volvió a la mesa. Abrió el cajón con llave, sacó un teléfono móvil de pago anticipado y marcó un número local. Contestó una voz de mujer, grave y cautelosa.

- “Necesito hablar con Rodríguez-Moreno”, dijo Aguirre.

- “El concejal no está disponible”, respondió la mujer.

- “Dígale que es sobre el expediente de la Comisión. Dígale que García-Castellanos ha sido recusada”, expresó Aguirre.

- “Le pasaré el mensaje”, susurró la mujer.

La comunicación se cortó. Aguirre dejó el teléfono de pago anticipado sobre la mesa, junto a la carpeta abierta. Se sentó de nuevo. El reloj de pared marcaba las siete y treinta y uno. El archivador metálico de la esquina contenía tres carpetas más, una con los documentos de Liechtenstein, otra con los de Panamá, y una tercera con los sellos de identidad que había usado durante años para moverse entre la administración pública sin dejar rastro como Alejandro Morante o Manuel Aguirre. Dos nombres, un solo cuerpo, una red de contactos que ahora empezaba a no descolgar el teléfono.

Si Dolores García-Castellanos era culpable, y las iniciales en la lista de pagos no dejaban margen de interpretación, no podía seguir presidiendo la Comisión de Contratación. Y si no la presidía, la investigación pasaba a un letrado independiente, alguien que no respondería a las llamadas de Rodríguez-Moreno, alguien que no había sido comprado. El aparato que Aguirre había construido durante años, ladrillo a ladrillo, adjudicación a adjudicación, transferencia a transferencia, dependía de que cada eslabón respondiera cuando se le tiraba de la cadena. Ahora, un eslabón se había roto, y los demás empezaban a no contestar.

Aguirre abrió la carpeta de piel negra por la última página. El expediente de la Comisión incluía una citación formal. No para él, todavía no, sino para tres personas: Adriana Vidal, arquitecta; Carlos Zavala, arquitecto; y Daniela Ruiz, periodista. Citación para ratificar las pruebas presentadas, bajo protección oficial.

Arrancó la hoja de la carpeta. La dobló por la mitad. La guardó en el bolsillo interior del abrigo, donde el frío del papel se confundió con el frío del tejido. Antes de que la citación se cumpliera, antes de que tres personas se sentaran frente a tres representantes institucionales y contaran todo lo que sabían, tendría que identificar al eslabón débil. Determinar quién, de los cinco, era el más vulnerable. El más presionable. El más probable a rajarse bajo juramento.

Se le había olvidado que él mismo podía ser el eslabón débil.

Dos días después, un sobre blanco llegó al apartamento de Adriana. El membrete de la Comisión de Contratación y la Fiscalía presidía la esquina superior izquierda. Dentro, una citación formal, comparecencia el jueves siguiente, a las diez de la mañana, para ratificar las pruebas presentadas el lunes. Adjunto al sobre, un documento de protección oficial: traslado temporal de domicilio, escolta opcional, prohibición de difusión de la identidad de los comparecientes hasta el cierre del procedimiento.

Adriana leyó el documento sentada en el borde del sofá, con la taza de té de la mañana aún humeando en la mesa. Gabriel dormía en el dormitorio. La luz del salón era gris, filtrada por la ventana que daba a la calle. La pantalla del portátil, cerrado sobre la mesa, proyectaba un rectángulo de luz blanca en el techo.