Capítulo 83

El lunes siguiente, la Fiscalía Anticorrupción hizo público un comunicado de catorce páginas. Daniela lo leyó en la redacción, a las nueve de la mañana, con el portátil abierto y una taza de café humeante al lado que no llegó a tocar. El comunicado detallaba la apertura de diligencias contra Jaime Rodríguez-Moreno, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, por delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Detallaba la imputación de Dolores García-Castellanos, presidenta recusada de la Comisión de Contratación, por los mismos delitos, además de falsedad documental. Detallaba la orden de búsqueda y captura contra Alejandro Morante, también conocido como Manuel Aguirre, por identidad falsa, prevaricación y participación en organización criminal.

Rodríguez-Moreno fue citado a declarar ante el juez instructor el miércoles. Llegó al juzgado a las diez de la mañana, acompañado por dos abogados de traje oscuro y corbata granate. Cruzó el vestíbulo del edificio sin mirar a los periodistas que esperaban junto a la puerta, con las cámaras preparadas y los micrófonos extendidos como antenas. Sus pasos resonaron en el piso del vestíbulo, como si hubiera ensayado el ritmo la noche anterior frente al espejo del baño. No respondió ninguna pregunta. Solo levantó la mano derecha, con la palma abierta hacia los periodistas, en un gesto que podía interpretarse como saludo, como detención o como rendición, dependiendo de quién lo mirara.

Dentro del juzgado, su declaración duró cuatro horas. Cuando salió, sus abogados habían cambiado de posición, ya no caminaban delante de él, sino a su lado, más cerca, como si el espacio entre sus cuerpos se hubiera reducido durante la sesión. Rodríguez-Moreno tenía el rostro enrojecido y el nudo de la corbata aflojado. Subió a un coche negro que lo esperaba en la puerta de servicio y no volvió a aparecer en público.

Dolores García-Castellanos declaró el viernes. No llevó abogados privados, la defendía un letrado de oficio, una mujer joven con gafas de pasta y un bloc de notas donde escribía con una velocidad que hacía pensar que estaba transcribiendo más que anotando. García-Castellanos entró en el juzgado por la puerta principal, a las once de la mañana, con un abrigo gris perla y un bolso negro que colgaba del antebrazo. Su paso era firme, la barbilla levantada, la mirada al frente. Si Rodríguez-Moreno había salido derrotado, ella entró desafiante.

Pero la derrota, cuando llegó, no fue ruidosa. Llegó en la sala de declaraciones, con el juez instructor preguntando por las iniciales D.G.C. que aparecían en tres documentos de la lista de pagos institucionales. García-Castellanos respondió que las iniciales podían corresponder a cualquier persona cuyo nombre empezara por esas letras. El juez le mostró entonces los documentos de la Comisión de Contratación donde su nombre completo aparecía junto a las aprobaciones de las modificaciones presupuestarias, en las mismas fechas que las iniciales de la lista. García-Castellanos guardó silencio durante dieciocho segundos, según el acta. Luego dijo: "Necesito consultar con mi abogada."

El juez suspendió la sesión durante treinta minutos. Cuando se reanudó, García-Castellanos respondió a las preguntas con frases monosilábicas. Su voz, que había entrado firme en el juzgado, se fue reduciendo hasta convertirse en un murmullo que el taquígrafo tuvo que pedir que repitiera. Salió por la puerta de servicio, sin abrigo gris perla, con el bolso negro apretado contra el pecho.

Marcus Chen no fue citado por el juez español. Como nacional extranjero con residencia en Singapur, su caso requería cooperación internacional, un proceso que podía durar años y que, en la práctica, rara vez terminaba en extradición. Pero los negocios de Chen Holdings empezaron a desmoronarse por otra vía, la prensa internacional.

El Financial Times publicó un reportaje de portada titulado "Una empresa con sede en Singapur presuntamente canalizó millones a través de contratos públicos" El artículo citaba el trabajo de Daniela Ruiz como fuente principal y reproducía tres de las transferencias documentadas, con los números de cuenta parcialmente ocultos. El mismo día, la agencia Reuters distribuyó un cable con el titular "Fiscalía abre una investigación contra una empresa de Singapur por caso de corrupción" El cable fue recogido por medios de Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur y Yakarta.

En Singapur, las autoridades financieras abrieron una revisión preliminar de las operaciones de Chen Holdings. No era una investigación formal, pero bastó. Los socios institucionales de Chen Holdings, dos fondos de inversión de Dubái y un banco de Seúl, solicitaron una auditoría externa. El consejo de administración de Chen Holdings convocó una reunión de emergencia el jueves siguiente. Marcus Chen no asistió. Su portavoz emitió un comunicado diciendo que el señor Chen "negaba todas las acusaciones y confiaba en que el proceso legal demostraría su inocencia."

Pero los contratos no esperan a la inocencia. Tres proyectos de Chen Holdings en el sudeste asiático fueron suspendidos la semana siguiente. Una torre residencial en Sentosa detuvo su construcción por "revisión de cumplimiento normativo." Un complejo comercial en Yakarta perdió su licencia de obra tras la retirada del inversor principal. El valor de las acciones de Chen Holdings, cotizadas en la bolsa de Singapur, cayó un dieciocho por ciento en tres días.

Marcus Chen no pisó una cárcel donde la corrupción se descubrió. Probablemente nunca lo haría. Pero el imperio que había construido con transferencias opacas y contratos públicos corruptos se deshacía bajo la presión de la cobertura internacional, como un edificio cuyos cimientos resultan ser de un material que no soporta el peso que sostiene.