La sala del Juzgado de Familia número 5 era más solemne y opresiva que la de guardia. Un espacio donde el aire parecía envejecido por décadas de decisiones rotas. No había periodistas; el Sr. Vallejo había logrado una vista a puerta cerrada, arguyendo la protección del menor y la extrema violencia psicológica del caso. La jueza Villalobos, una mujer de mirada analítica y sin concesiones, había accedido con una advertencia: aquí se hablaría de hechos, no de emociones.
Adrián entró con su abogado, el Sr. Márquez. Su contención era de acero templado; la furia le vibraba en los músculos de la mandíbula. Cuando su mirada encontró a Elena, no hubo rastro del esposo dolido. Solo análisis frío, de estratega reevaluando al enemigo. Lucas, admitido como «persona de confianza», sostuvo esa mirada desde el último banco. La máscara había caído por completo.
Vallejo inició la ofensiva con la precisión de un cirujano.
—Solicitamos la revocación inmediata de la medida que somete a mi representada a la supervisión del doctor Ruiz, así como la modificación integral de las medidas cautelares, incluyendo la atribución del uso de la vivienda familiar y una pensión alimenticia provisional acorde a su estado.
—¿En qué hecho nuevo, relevante y probado fundamenta esta solicitud? —preguntó la jueza, sus dedos pasando por el expediente—. El testimonio y las lesiones ya fueron ponderados.
—En esto, su señoría.
Vallejo depositó sobre la mesa una copia de la carta de la Clínica Los Álamos, acompañada de una declaración jurada anónima pero meticulosamente contextualizada que vinculaba el documento al caso.
—Este documento demuestra que el señor Soler ha instrumentalizado previamente el sistema médico-psiquiátrico privado para ejercer control y coercitividad sobre una pareja sentimental. No estamos ante la palabra de una mujer «inestable», sino ante la repetición documentada de un método. La Sra. Delgado no padece una patología; es blanco de un protocolo.
El impacto fue inmediato y físico. Márquez se puso de pie como impulsado por un resorte.
—¡Protesto! ¡Ese documento es anónimo, ilegítimo y manifiestamente difamatorio! Carece de toda validez probatoria.
—Tiene plena relevancia procesal —replicó Vallejo, sin alterar el tono—. Establece un patrón de conducta que cuestiona radicalmente la supuesta neutralidad e independencia del doctor Ruiz. ¿Por qué confiar en el diagnóstico de un profesional cuya figura ya fue utilizada por el señor Soler en el pasado, a través de un colega, para confinar y desacreditar a una expareja?
La jueza tomó la carta. La leyó con lentitud deliberada. Luego alzó la vista, primero hacia Vallejo, luego hacia Adrián.
—Señor Soler, ¿reconoce este documento?
Adrián esbozó una sonrisa de tristeza resignada, una obra maestra de actuación.
—Es la primera vez que veo algo así, su señoría. Mi expareja, Isabel, atravesó una crisis mental muy profunda. Su familia y yo, desesperados, buscamos la mejor ayuda posible en una clínica privada. Convertir un acto de desesperación amorosa en una acusación de control es… cruel y tergiversador.
Era la jugada clásica: transformar la prueba en demostración de su bondad. Pero esta vez, la jueza no pareció tragarla entera.
—El membrete es oficial y la firma parece auténtica —observó—. Solicitaré su verificación formal a la clínica. —Se volvió hacia el doctor Ruiz, que parecía haber encogido ligeramente en su asiento—. Doctor Ruiz, ¿conoce al doctor Emilio Vidal, firmante de este informe?
Ruiz dudó. Un instante de más, un microsegundo de pánico calculado.
—De… nombre, quizás. Es un colega del ámbito de la psiquiatría privada de élite. No he tenido trato profesional con él.
—¿Y puede afirmar, bajo su responsabilidad profesional, que el señor Soler no ha intentado en ningún momento influir o dirigir su diagnóstico sobre la señora Delgado?
—Por supuesto que no —respondió, pero su voz sonó estridente, defensiva—. Mi criterio es estrictamente clínico y ético.
La duda, sin embargo, ya había sido inyectada en el expediente. Un virus letal.
Tras una pausa que se hizo eterna, la jueza dictó.
—Hasta que se verifique o impugne formalmente esta nueva documentación, y en atención al principio de precaución, se modifican las medidas cautelares.
El corazón de Elena golpeó con tal fuerza que temió que todos lo oyeran.
—Primero: Se suspende de inmediato la obligación de la Sra. Delgado de acudir a consulta con el doctor Ruiz.
—Segundo: Se designa un médico forense adscrito al juzgado para una evaluación psicológica independiente.
—Tercero: Se invierte la atribución del uso de la vivienda familiar. La Sra. Delgado podrá residir en ella si así lo desea. El señor Soler deberá abandonarla.
—Cuarto: Se fija una pensión alimenticia provisional a cargo del señor Soler.
No era la victoria total. Era algo mejor: terreno recuperado. Oxígeno.
Adrián permaneció absolutamente inmóvil. Pero sus ojos, clavados en Elena, ya no prometían amor o reconciliación. Transmitían un mensaje claro, ancestral: Esto no ha terminado. Esto se ha personalizado.
—Vista suspendida —concluyó la jueza, con un golpe seco del martillo.
En el coche de regreso al apartamento, el triunfo sabía a ceniza y adrenalina.
—No vayas a esa casa —dijo Lucas, su voz tensa—. Ahora que perdió el control médico, buscará otro ángulo. Más directo. Más sucio.
—Es mi derecho legal —respondió Elena, pero las palabras sonaron huecas, un eco de una bravura que ya no sentía.
—Tu derecho es seguir respirando —cortó Sofía desde el asiento delantero, su voz temblorosa—. Quédate con nosotros. La casa puede esperar.